Comunicación, un bien público

Cuando se define a la comunicación como un bien público surge en forma inmediata el derecho a la información, un derecho de los individuos y de los ciudadanos que habitan nuestro país. 

Esta mirada habilita a considerar a las políticas públicas sobre la comunicación como una herramienta que debe gestionar, en favor de la comunidad, a la información, el acceso a la misma, su producción y su distribución como un derecho igual a la salud o a la educación públicas. 

En este marco, la acción del Gobierno con la Ley de Medios audiovisuales y su proyecto de discusión sobre la producción del papel, insumo fundamental para determinar barreras de acceso a la circulación en forma igualitaria, aunque es parte de una disputa intersectorial de clase dirigente, es mucho más que eso, es una disputa fundante.

En esta etapa post-neoliberal, la disputa por el sentido es ideológica y la discusión sobre la capacidad de formación de agenda, que condiciona la acción general de un Gobierno en cuanto a los problemas que debe atender, es una discusión por el poder.

Frente a la presentación de la acción de Gobierno como banal y poco interesado en cuestiones cotidianas- seguridad, diría Carrió- y aunque no puede desatender estos temas, dirimir estas cuestiones será fundamental para los próximos gobiernos en cuanto a poder conducir Estados que tengan mayor independencia para fijar sus políticas, en un marco global de redefiniciones del modelo que sigue al neoliberalismo.